Política/Actualidad
322 presos políticos tras las rejas: el interinato mantiene la cárcel mientras la CIDH exige liberar a casi 200 militares y policías
Foro Penal cifra 322 detenidos por motivos políticos; JEP eleva el conteo a 424. Familiares cumplen nueve meses de vigilia en El Rodeo I y denuncian boletas de excarcelación sin salida.
El aparato represivo del chavismo-madurismo no se disolvió con el cambio de nombre en Miraflores. Foro Penal contabilizó, al 5 de octubre de 2026, al menos 322 presos políticos en Venezuela: 308 hombres y 14 mujeres; 182 civiles y 140 militares. De ese total, 152 ya tienen condena y 170 permanecen sin sentencia. Al menos 31 son extranjeros o tienen doble nacionalidad.
En el mismo período, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reportó 424 personas detenidas arbitrariamente que siguen tras las rejas. La diferencia, advierten ambas organizaciones, responde a metodologías distintas para documentar la persecución política bajo el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Entre el 1 y el 5 de octubre, Foro Penal registró cinco excarcelaciones, entre ellas las de Guillermo López y Luis Camacaro, dirigentes de Vente Venezuela acusados de 'terrorismo' en el caso 'Brazalete blanco'. Son alivios puntuales: cuando en febrero se aprobó la Ley de Amnistía, Foro Penal había contado 687 presos políticos.
El 8 de octubre, familiares cumplieron nueve meses de vigilia ininterrumpida a las afueras de la cárcel El Rodeo I, en Miranda. Cada noche, más de 15 personas pernoctan allí. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos reconoció excarcelaciones parciales, pero subrayó que 'la justicia plena está incompleta'.
La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos denunció el 9 de octubre que el retardo procesal deja a al menos 60 presos sin atención médica oportuna y con enfermedades graves, y a un mínimo de 36 con boletas de excarcelación firmadas desde hace semanas que no salen de las celdas.
En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 6 de octubre un llamado urgente: liberar de inmediato e incondicionalmente a militares, policías y funcionarios de seguridad detenidos por motivos políticos, y dejar de procesarlos ante la jurisdicción penal militar. JEP cifró, al 20 de septiembre, al menos 196 integrantes y exintegrantes de la FANB y cuerpos policiales privados de libertad por razones políticas —165 activos y 31 retirados; ocho mujeres; al menos 14 en estado de salud grave—. Foro Penal, al 14 de septiembre, registraba 144 militares entre sus entonces 344 presos políticos.
La CIDH documentó denuncias de incomunicación, restricciones a visitas, falta de atención médica y muertes bajo custodia —JEP reportó seis fallecidos entre FANB y exfuncionarios; Foro Penal, cuatro vinculados a DGCIM y SEBIN—. Advirtió que la amnistía de febrero tiene alcance limitado para militares y que la Corte Interamericana ya estableció, en Poggioli Pérez vs. Venezuela (2024), que la jurisdicción penal militar debe ser excepcional. Mientras el interinato hable de 'normalización', las celdas siguen llenas.
