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A prisión preventiva Luisa González: la Fiscalía de Ecuador investiga si su campaña de 2023 se pagó con efectivo llegado desde Venezuela
Un juez de Guayaquil aceptó el pedido fiscal en el caso Laberinto, que sigue la pista de unos 500.000 dólares. El gobierno de Noboa apunta al chavismo y al alcalde Aquiles Alvarez; la excandidata correísta habla de «persecución política» y pide «resistir».
Luisa González, la excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa, durmió detenida en Guayaquil y ahora seguirá presa mientras avanza el proceso. Este viernes 23 de octubre, cerca del mediodía en Ecuador, el juez Harry Navarrete aceptó el pedido de la Fiscalía y le dictó prisión preventiva en el caso Laberinto, una investigación por presunto lavado de activos ligada al financiamiento de su campaña de 2023. La hipótesis de la Fiscalía es que parte de ese dinero salió de Venezuela.
La misma medida recayó sobre el exasambleísta Santiago Díaz y sobre Wendy Onofre, secretaria del movimiento RETO. A Estefanía Molina, la cuarta procesada, el juez le impuso presentaciones periódicas, prohibición de salir del país y un grillete electrónico, informaron Primicias, El Comercio y la propia Fiscalía.
El rastro de los 500.000 dólares
La Fiscalía busca establecer de dónde salieron unos 500.000 dólares que, según su versión, se movieron a través de personas jurídicas para pagar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023. José Julio Neira, portavoz del gobierno de Daniel Noboa, sostuvo en un video que una de las hipótesis es la llegada de dinero en efectivo desde Venezuela. También mostró un chat del 26 de junio de 2023 en el que un cooperador de la investigación pregunta por el presupuesto de campaña a un contacto guardado como «Aquiles Alvarez 1». Según Neira, ese dinero habría salido del comercio ilegal de combustible que se le atribuye a Alvarez, alcalde de Guayaquil, que también está preso.
La directora de la Unidad de Análisis Financiero, Ana Paula Patiño, dijo que González tuvo ingresos sin justificar por más de 400.000 dólares y que la mayoría de las operaciones fueron ordenadas por «terceros de nacionalidad venezolana y colombiana», según El Telégrafo y El Comercio.
Una acusación que descansa en un testigo
Según France 24, con información de EFE, la acusación se apoya sobre todo en el testimonio de Díaz, que en marzo dijo haber traído efectivo desde Venezuela por orden de Correa. Hasta ahora no se han presentado pruebas públicas de ese traslado. Díaz fue expulsado del partido y cumple una condena de 29 años y cuatro meses por la violación de una menor.
González calificó la acusación de «absurda» y su detención de «persecución política». Desde la sala de audiencias pidió a sus seguidores: «El llamado es a resistir, a resistir porque claudicar en nuestros principios no es opción». Su defensa adelantó que sería trasladada a una cárcel de Pichincha. La Revolución Ciudadana, además, quedó fuera de las elecciones locales del 29 de noviembre.
Para Venezuela, el caso reabre una pregunta vieja: cuánto dinero salió del chavismo para financiar a sus aliados en la región. Por ahora, la respuesta depende de un testigo condenado y de un proceso que el correísmo llama persecución.