Arranca en Madrid el juicio a los exviceministros chavistas Villalobos y Alvarado por los sobornos de Duro Felguera

La factura de la corrupción eléctrica del chavismo se discute desde este lunes en un tribunal de Madrid. La Audiencia Nacional de España abrió el juicio contra la empresa asturiana Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres y los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa por una presunta trama de sobornos para construir una central termoeléctrica en Venezuela.

Los hechos se remontan a 2009, en plena «emergencia eléctrica». Según el auto del juez instructor Ismael Moreno, para levantar la planta El Sitio, en Santa Lucía, estado Miranda, pensada para abastecer a la Gran Caracas, el entonces ministro Rafael Ramírez consiguió que se designara a Duro Felguera. La empresa, a cambio, se habría comprometido a entregar dinero a los funcionarios que decidieron la adjudicación. El juez sostiene que se pagaron al menos 105 millones de dólares a Villalobos a través de sociedades interpuestas y que ese trato de favor le permitió a la compañía obtener el proyecto Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.

La Fiscalía Anticorrupción pide para Villalobos ocho años y nueve meses de cárcel y una multa de 3,6 millones de euros por falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Para Alvarado Ochoa, por los mismos delitos, solicita tres meses de prisión y 1,6 millones de multa. A la empresa le reclama 160 millones de euros y dos años de inhabilitación para contratar con el sector público. En el banquillo también se sientan las parejas de ambos exviceministros y un ex consejero delegado de la compañía.

El primer día dejó un giro: Torres, para quien la Fiscalía pedía inicialmente nueve años y medio de cárcel, reconoció los hechos y aceptó una multa de 4.800 euros, con atenuantes por dilaciones indebidas y colaboración con la justicia, según fuentes fiscales citadas por la prensa española.

Villalobos, viceministro de Energía entre 2004 y 2006, se declaró «inocente». Su defensa pidió anular el juicio: alega que parte de los delitos estaban prescritos cuando se presentó la querella en 2017, cuestiona la custodia de un pendrive anónimo que dio origen a la investigación y recuerda que el caso ya fue archivado en Venezuela.

El abogado de Alvarado Ochoa, exviceministro de Electricidad, sostuvo que el contrato nació de un acuerdo entre los gobiernos de España y Venezuela y pidió citar como testigos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al exministro Miguel Ángel Moratinos. El presidente del tribunal, Félix Alfonso Guevara, lo rechazó en el acto: «Sin deliberar, ninguno de los dos. Si citamos al señor Moratinos y al señor Zapatero, se nos mueren».

El juicio se reanudará el miércoles, con la respuesta de la Fiscalía a las cuestiones previas y las primeras declaraciones de testigos. Para muchos venezolanos que siguen a oscuras, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta vieja: adónde fue a parar el dinero de la luz.