Economía/Actualidad
Brecha cambiaria y trabas registrales frenan créditos para damnificados en La Guaira
Según reportes en la entidad, familias afectadas por eventos sísmicos enfrentan la negativa de vendedores a recibir pagos en bolívares y retrasos notariales para acceder a subsidios estatales.
De acuerdo con un reporte sobre la situación comunitaria en la entidad, familias damnificadas por eventos sísmicos en La Guaira enfrentan severos obstáculos para adquirir viviendas en el mercado secundario mediante los esquemas crediticios estatales, debido a la disparidad cambiaria y a trabas en la certificación de documentos notariales.
Según la información oficial documentada, el Ejecutivo nacional habilitó un programa financiero a través del Fondo Venezuela Renace y la banca pública y privada. El esquema establece un subsidio directo del 80% para inmuebles con un valor de hasta 70.000 dólares, cubriendo el 20% restante mediante financiamiento a 25 años. Para propiedades con precios ubicados entre 70.000 y 100.000 dólares, el subsidio estatal cubre el 50% del total.
Sin embargo, la fuente consultada señala que en la práctica comunitaria, particularmente en sectores como el bloque 3 de La Páez en Catia La Mar, la ejecución de las compras se ha visto afectada. Uno de los principales factores reportados es la resistencia de propietarios a aceptar liquidaciones en bolívares bajo la tasa oficial del Banco Central, cotizada en 866,56 bolívares por dólar a comienzos de octubre de 2026, frente a una cotización en el mercado paralelo situada entre 970 y 1.000 bolívares por dólar.
A este diferencial monetario se suman las exigencias bancarias de titularidad debidamente certificada ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), donde los afectados señalan demoras por falta de digitalización de expedientes y trabas administrativas locales, lo que dificulta completar las carpetas de solicitud crediticia.
El Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas ejerce la rectoría sobre las políticas fiscales y crediticias del Estado venezolano, coordinando junto a la Presidencia de la República los mecanismos de auxilio habitacional y fondos extraordinarios para contingencias en el país.

