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Cinco mecanismos de la ONU le piden al interinato reconsiderar la salida de la CPI, y el plazo de 60 días venció sin que contestara
Tres relatores especiales y dos grupos de trabajo advirtieron en agosto que el retiro del Estatuto de Roma trae «riesgos inconmensurables» para las víctimas. La carta se hizo pública al vencer los 60 días de plazo. La investigación de la CPI sobre Venezuela sigue abierta y la salida no surte efecto hasta julio de 2027.
El interinato tuvo 60 días para explicarle a la ONU por qué se va de la Corte Penal Internacional, y no contestó. Cinco mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, tres relatores especiales y dos grupos de trabajo, le enviaron el 18 de agosto una carta, identificada como AL VEN 3/2026, en la que le piden «reconsiderar» la denuncia del Estatuto de Roma. Al vencer el plazo, el documento se hizo público. Provea y El Nacional informaron que no hubo respuesta.
Quiénes firman y qué advierten
Firman el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas. Advierten que la decisión «conlleva riesgos inconmensurables para el acceso de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia y la reparación».
La carta repasa la cronología. En 2018, un panel de expertos de la OEA halló fundamentos para concluir que en Venezuela se cometían crímenes de lesa humanidad. En 2020, la Fiscalía de la CPI concluyó que había motivos razonables para creerlo, y en 2021 se abrió una investigación formal sobre crímenes atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro, como tortura y violencia sexual. Según los expertos, en el país «no se ha llevado a cabo ninguna investigación verdaderamente independiente, exhaustiva, imparcial y eficaz» sobre gran parte de esas violaciones, y para muchas víctimas la CPI «sigue siendo el único recurso judicial capaz de garantizar que los responsables rindan cuentas».
El argumento del interinato
Según la carta, el canciller justificó la salida con un supuesto «sesgo geográfico» de la Corte contra el Sur Global. Los relatores responden que esas quejas se plantean dentro de la Asamblea de los Estados Partes y no abandonando el tratado, y ubican la decisión en «un contexto global de ataques contra la CPI», en el que también se retiraron Burkina Faso, Malí y Níger. Además, piden datos concretos: cómo se garantizará a las víctimas un recurso efectivo, qué reparación tendrán y qué se ha hecho para investigar y juzgar a los responsables.
Lo que no cambia
El interinato notificó su retiro el 24 de julio de 2026 y, según el registro del secretario general de la ONU como depositario, la salida surte efecto el 24 de julio de 2027. Hasta entonces, Venezuela sigue obligada por el Estatuto. Y la salida no borra lo anterior: la propia CPI explicó en agosto que conserva su jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras el país era parte y que la investigación Venezuela I sigue en curso. Los relatores dicen lo mismo.
El silencio llega en plena transición que Washington dice supervisar, y en la misma semana en que el Departamento de Estado celebró «resultados tangibles» en la mesa de diálogo sin mencionar a la CPI.
