Política/Actualidad
Delcy Rodríguez admite abusos de la Ley contra el Odio y pide reformarla
La Asamblea Nacional abrió una revisión urgente del texto de 2017. Organizaciones civiles y gremios de prensa consideran insuficiente limitar el cambio a las penas de prisión.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció este martes 29 de septiembre que la Ley contra el Odio fue aplicada de manera abusiva y pidió a la Asamblea Nacional una reforma urgente. El planteamiento llegó al Parlamento mediante una comunicación fechada el lunes y se conoció el mismo día en que Rodríguez hizo pública su evaluación de la norma durante una actividad en Portuguesa.
La propuesta se concentra en despenalizar las conductas previstas por la ley. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, anunció la creación de una comisión para preparar el texto que deberá discutirse en el Legislativo. La instalación de ese grupo abre el trámite parlamentario, pero todavía no define el alcance final de los cambios ni sus efectos sobre los casos tramitados bajo la legislación actual.
La ley fue aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente y contempla sanciones penales de hasta veinte años para determinadas conductas. Durante años, organizaciones de derechos humanos han denunciado su uso contra expresiones críticas y han cuestionado la amplitud de sus definiciones. El reconocimiento de un uso abusivo por parte de la presidenta encargada sitúa esas denuncias en el centro de la discusión legislativa.
Espacio Público, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas han pedido ir más allá de retirar las penas de prisión. Sus objeciones incluyen la posibilidad de mantener sanciones administrativas, restricciones a medios y mecanismos de censura si la revisión se limita a unos pocos artículos. Esa postura corresponde a las organizaciones; el contenido definitivo de la reforma dependerá del debate parlamentario.
La discusión abre dos preguntas concretas: qué disposiciones serán modificadas y qué ocurrirá con las personas procesadas al amparo de la ley. El anuncio político por sí solo no responde ninguna de las dos. La próxima versión del proyecto y su tramitación permitirán evaluar si la reforma cambia realmente las garantías para la expresión pública.
