Dos de los 12 «civiles» tienen vínculos con el oficialismo: así quedó la balanza del comité que escogerá el nuevo TSJ

La Asamblea Nacional chavista, electa en 2025, designó y juramentó este jueves 22 de octubre a los 12 representantes de la sociedad civil del Comité de Postulaciones Judiciales. Es la instancia que evaluará y preseleccionará a los candidatos para renovar completo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que con la reforma de este año pasó a tener 32 magistrados. El diputado del PSUV Giuseppe Alessandrello, que presidió la comisión preliminar, presentó en la plenaria los 12 nombres, escogidos entre 127 aspirantes. Según el portal Monitoreamos, la lista se aprobó por unanimidad.

En el papel, los civiles tienen mayoría: 12 contra 11 diputados. En los números, esa ventaja depende de un solo voto. De los 11 parlamentarios, ocho son del PSUV y tres de la llamada oposición minoritaria de la AN de 2025: Pablo Pérez (UNT), Félix Freites (Fuerza Vecinal) y Luis Florido. Además, dos de los 12 civiles aparecen en el registro de Transparencia Venezuela con vínculos con el oficialismo. Si esos dos votaran con la bancada del PSUV, el oficialismo y sus allegados sumarían 10 de los 23 votos. Contando a toda la bancada parlamentaria, los diputados y esos dos civiles serían 13 de 23.

Quiénes son los 12

Estos son los designados, según la información de la Asamblea recogida por El Pitazo y Monitoreamos y las fichas públicas de Transparencia Venezuela:

Rosmely del Valle Flores Parras. Licenciada en Administración y activista del sector discapacidad, postulada por el Movimiento Azul. Transparencia Venezuela la clasifica con «vínculo con el oficialismo»: trabajó en el Ministerio de las Comunas desde 2006, estuvo en la nómina de la Asamblea Nacional entre marzo de 2023 y diciembre de 2025 e integró el Comité de Postulaciones Electorales de 2023 como representante de la sociedad civil.

Anthony Gerard Pérez Negrón. Abogado, profesor de la UCV y exjuez penal. Transparencia Venezuela lo clasifica con vínculo con el oficialismo, aunque no milita formalmente en el PSUV. Según el Registro Nacional de Contratistas citado por la ONG, entró en octubre de 2018 a la nómina de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el órgano administrativo del propio TSJ.

Mauro Manuel Herrera Gutiérrez. Médico cardiólogo y jefe de Cardiología del Hospital Vargas. Repite: integró el comité que la AN chavista juramentó en mayo, antes del diálogo, y que luego quedó sin efecto. Transparencia Venezuela no le registra vínculo político. El Pitazo, en cambio, afirma que lo tiene, aunque no lo detalla.

Clara Inés Casanova de Valecillos. Abogada, postulada por la Federación de Colegios de Abogados, de cuyo directorio forma parte.

María Luisa Chacón de Aldana. Psiquiatra y jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Vargas.

Nancy Clara Castro de Varvaro. Abogada, exfiscal del Ministerio Público y exprofesora de la UCAB, que respaldó su postulación.

Mairim Girlens Ruiz Ramos. Abogada y exjueza de protección del niño y del adolescente, postulada por iniciativa propia. Transparencia Venezuela no tuvo información suficiente para clasificarla.

Yrma del Valle Pazos Grau. Abogada especialista en ciencias penales.

Raquel Yadxani Sánchez Carrero. Abogada postulada por el Foro Penal, que coordina en Táchira.

Juan Domingo Alfonzo Paradisi. Abogado administrativista, socio de Torres, Plaz & Araujo y expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo.

Guillermo Tell Aveledo Coll. Politólogo y decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana. Fue miembro suplente de la Comisión Nacional de Primaria, que organizó las primarias de la oposición en 2022 y 2023.

Guillermo José Guzmán Mirabal. Abogado e historiador, profesor de la UCAB.

Para los diez últimos, Transparencia Venezuela no registra vínculo político, salvo el caso de Ruiz Ramos, que quedó sin clasificar. La ONG aclara que su clasificación «se basa únicamente en las fuentes citadas y no es un juicio sobre la persona».

Un filtro cerrado

La selección se hizo sin que la Asamblea publicara el baremo ni los criterios con los que se entrevistó a los 127 aspirantes. La ONG Espacio Público lo denunció el 15 de octubre: según la organización, la comisión preliminar inició las entrevistas sin divulgar los instrumentos de medición. Antes, Transparencia Venezuela había encontrado vínculos políticos en 52 de los 127 postulados: 13 militantes del PSUV, 30 personas ligadas al oficialismo por cargos públicos y 9 militantes de otros partidos. Según la organización, ninguno de ellos debía ser elegido.

El fondo del problema es constitucional. El artículo 270 de la Constitución establece que el Comité de Postulaciones Judiciales debe estar integrado por «representantes de los diferentes sectores de la sociedad». Desde 2004 la ley mete diputados en él. Acceso a la Justicia ha insistido en que los diputados «son funcionarios públicos, y no forman parte de la sociedad civil». La reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ, aprobada por la AN chavista el 1 de septiembre como parte del acuerdo con la delegación de la AN de 2015, subió los cupos civiles de 10 a 12, pero dejó a los 11 parlamentarios dentro.

En agosto, Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, calificó de «precaria» esa mayoría civil y advirtió a El Pitazo: «Si hay organizaciones vinculadas con el oficialismo esa mayoría precaria que se le está dando a la sociedad civil se pierde».

Una vez instalado el comité, debe activarse el Consejo de Revisión de Credenciales, creado en la mesa de diálogo como filtro adicional. Daniels identificó a tres de sus siete integrantes, exmagistrados del TSJ, como «operadores políticos» del oficialismo, según recogió El Pitazo.

La última palabra, en la misma Asamblea

La mayoría del comité no cambia quién decide. El comité solo preselecciona: los magistrados los designa la plenaria. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, adelantó en agosto que los 32 magistrados serán escogidos por la AN cuyo período comenzó el 5 de enero de 2026. Acceso a la Justicia calcula que en esa Asamblea el 90 % de los diputados son oficialistas.

Rodríguez, hermano de la interina, dijo que con el comité instalado se publicará el cronograma y que el proceso avanzará «en estricto apego a la Constitución y la Ley». Hasta la tarde de este jueves no se conocían las fechas.

Un libreto conocido

El chavismo ya ha usado este mecanismo. En 2004, una ley amplió el TSJ de 20 a 32 magistrados y permitió llenarlo con mayoría simple. Human Rights Watch denunció entonces que el tribunal quedaba «copado» por partidarios del gobierno. En diciembre de 2015, la AN chavista saliente, ya derrotada en las urnas, designó a los llamados magistrados exprés antes de entregar el Parlamento. En 2022, la plenaria juramentó como civiles del comité a Henry Hamdan Llabar y Mercedes Gutiérrez, a quienes Transparencia Venezuela identifica hoy como militantes del PSUV.

El proceso de mayo de este año siguió el mismo patrón. La AN chavista reformó la ley para volver a subir el tribunal de 20 a 32 magistrados, armó un comité propio y publicó una lista de 561 aspirantes. El diálogo con la delegación de la AN de 2015 anuló ese proceso en agosto y pactó «renovar todo el TSJ».

En paralelo al diálogo, sin fecha electoral

La designación llega un día después de que terminara la tercera ronda de la mesa entre Rodríguez y Dinorah Figuera, jefa de la delegación de la AN de 2015. Allí se acordó una «revisión profunda» de cuatro leyes, entre ellas la de la Contraloría que rige las inhabilitaciones, y estudiar una Defensoría de Garantías Políticas. No se fijó fecha electoral.

María Corina Machado, que no está en la mesa, ha dicho que nadie tiene «mayor interés» que ella en que el proceso termine con «un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo Consejo Nacional Electoral y un calendario de elecciones presidenciales a la mayor brevedad». De esas tres cosas, la que avanza es el tribunal, y el control lo sigue teniendo la Asamblea chavista.