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Iberoamérica aprueba los primeros estándares internacionales para proteger los datos personales frente a la inteligencia artificial
La Red Iberoamericana de Protección de Datos aprobó por unanimidad un documento que fija cómo deben tratarse los datos que la IA infiere o deduce, y que los datos públicos no autorizan por sí solos su uso para entrenar modelos; alcanza a más de 600 millones de personas.
La Red Iberoamericana de Protección de Datos aprobó por unanimidad los primeros estándares internacionales que precisan cómo aplicar la protección de datos personales cuando empresas y administraciones utilizan inteligencia artificial. El documento, anunciado este jueves 12 de noviembre por la Agencia Española de Protección de Datos, que ostenta la secretaría permanente de la red, es el primer instrumento internacional de este tipo y alcanza a más de 600 millones de personas.
Los estándares parten de que la protección de datos y la innovación tecnológica son objetivos compatibles. No crean un régimen jurídico paralelo ni nuevas obligaciones generales: desarrollan cómo debe aplicarse la normativa existente a la inteligencia artificial, con un enfoque basado en el riesgo, la proporcionalidad y la neutralidad tecnológica, y van dirigidos a autoridades, legisladores, empresas y administraciones.
Uno de los puntos centrales es la protección de los datos personales que los sistemas de IA infieren o deducen. Cuando un sistema es capaz de deducir aspectos de salud, ideología u orientación sexual a partir de datos aparentemente neutros, se aplica la protección reforzada de los datos sensibles, y las inferencias no pueden presentarse con una certeza mayor que la justificada.
El documento fija límites al uso de la información disponible en internet: que un dato personal sea accesible al público no basta, por sí solo, para utilizarlo en el entrenamiento de un sistema de IA. Se requiere una base jurídica adecuada y respetar lo que las personas podían esperar razonablemente cuando publicaron ese dato.
En transparencia, la red estableció que la mera indicación de que se utiliza IA no cumple necesariamente con el deber de informar: las organizaciones deben explicar en lenguaje comprensible para qué emplean el sistema, qué papel desempeña y qué consecuencias puede tener, sin que el secreto empresarial justifique eludir ese derecho.
El texto refuerza los derechos frente a los modelos ya entrenados: las personas deben poder saber si sus datos se han usado en un sistema de IA y, ante decisiones automatizadas, impugnar sus conclusiones y exigir una intervención humana real. Si quien revisa una decisión se limita a refrendar lo que propone la IA, no hay intervención humana efectiva.
Los estándares declaran incompatibles con la protección de datos los sistemas destinados a manipular de forma engañosa, explotar la vulnerabilidad de las personas o puntuarlas socialmente de manera discriminatoria, e incluyen pautas específicas para la IA generativa y agéntica, la biometría, el reconocimiento de emociones y los neurodatos. También determinan las responsabilidades de cada actor: quien usa sistemas de terceros sigue siendo responsable de los tratamientos que determina, y el uso de datos de clientes por un proveedor para entrenar sus propios modelos exige una habilitación jurídica adecuada.