La Asamblea Nacional aprueba en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio y la oposición niega su voto

La Asamblea Nacional aprobó este martes 3 de noviembre, en primera discusión y por mayoría calificada, el proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la votación con la fórmula de rigor y ordenó remitir el texto a la comisión que preside el primer vicepresidente, Pedro Infante, para abrir la consulta pública. «Mayoría calificada evidente. Queda aprobado en primera discusión el proyecto de ley», dijo desde la presidencia del hemiciclo, y pidió «la consulta más amplia posible, que se escuche a todas y a todos, a las víctimas y a los victimarios».

Adiós a la cárcel, pero no a la sanción

El cambio central de la reforma es la despenalización. La ley vigente, aprobada en 2017 por la entonces Asamblea Nacional Constituyente, contempla penas de 10 a 20 años de prisión para conductas calificadas como incitación al odio. El proyecto aprobado las elimina y las sustituye por multas calculadas entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela, además de trabajo comunitario. El texto también prevé sanciones administrativas para medios de comunicación y multas por publicaciones en redes sociales que se consideren mensajes de odio, y cambia el nombre del instrumento a Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia.

La iniciativa llegó al hemiciclo a solicitud de la interina Delcy Rodríguez y fue presentada por Infante, quien la defendió como un intento de equilibrar dos posiciones en tensión. Jorge Rodríguez, por su parte, sostuvo que la reforma no busca ser una herramienta punitiva sino un marco para «blindar el proceso de diálogo y reconciliación nacional», y afirmó que «el odio, lamentablemente, no se puede derogar ni dialogar».

La oposición: derogar, no maquillar

La bancada opositora negó su voto. La diputada Amelia Belisario anunció la negativa porque, a su juicio, la ley debe derogarse por completo, no reformarse. El diputado Antonio Ecarri advirtió que la reforma debe asegurar «que ninguna multa se vaya también a convertir en una forma de hacer imposible la palabra» y cuestionó que sea «un ministerio o un funcionario ministerial quien disponga de la discreción para estar fijando multas». El diputado Rubén Limas, en cambio, sostuvo que la ley debe aplicarse con responsabilidad y que la lucha contra la polarización exige reducir el extremismo.

El proyecto no es ley todavía. Tras la consulta pública, la comisión redactará el articulado final y el texto volverá al pleno para su segunda discusión, donde se decidirá su aprobación definitiva. Organizaciones de derechos humanos llevan años cuestionando la norma de 2017 por su posible uso para restringir la libertad de expresión y sancionar opiniones críticas, un antecedente que la consulta pública pondrá a prueba: si las multas sustituyen a la cárcel pero quedan a discreción de funcionarios, la reforma habrá cambiado el castigo sin cambiar el riesgo.