Sociedad y Diáspora/Actualidad
La Corte IDH juzga al Estado venezolano por la masacre del 11 de abril de 2002
Veinticuatro años después, familiares de los caídos llevaron a San José lo que la justicia chavista nunca quiso investigar: en casi el 99 % de los casos no hay un solo responsable identificado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró este miércoles 14 de octubre, en San José de Costa Rica, la audiencia pública del caso Trujillo y otros vs. Venezuela, por los asesinatos y heridos del 11 de abril de 2002 en el centro de Caracas, cuando la marcha opositora se dirigía a Miraflores. La audiencia, del 196 período de sesiones, fue reseñada por Monitoreamos, El Diario, El Cooperante y el Foro Penal, que representa a las víctimas.
La Comisión Interamericana remitió el caso a la Corte el 9 de julio de 2024, tras su Informe de Fondo 313/23. El expediente abarca a siete fallecidos y cinco heridos. Según El Cooperante, el Estado venezolano no acreditó representación en la audiencia.
Los testimonios
Delvalle Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, declaró que vio a civiles armados disparar desde Puente Llaguno y que los efectivos de la Guardia Nacional «conversaron como que se conocían» con ellos. Relató además que fue amenazada en un baño del Palacio de Justicia de Maracay por Henry Atencio y Richard Peñalver, dos de los hombres filmados disparando aquel día, y que informó del hecho al fiscal Danilo Anderson.
Yenfri Querales, hermana de Juan David Querales, quien murió en el Hospital Vargas por una herida en la arteria femoral, dijo: «La dignidad de mi hermano, aún después de muerto, todavía nosotros la queremos recuperar». Mohamed Merhi, padre de Jesús Mohamad Capote, asesinado a los 18 años, afirmó: «No nos anima aquí sentimiento alguno de revancha».
El patrón
Alfredo Romero, director del Foro Penal, recordó que aquel día hubo 19 muertos y más de 300 heridos, y lo definió como un «primer aviso». Sostuvo que la violencia respondió a un plan surgido de una reunión del 7 de abril de 2002 y describió el patrón posterior: más de 20 muertos en las protestas de 2004, más de 20 en 2007, más de 40 en 2014 y más de 140 en 2017. Ante una pregunta del juez Diego Moreno sobre los Círculos Bolivarianos, Romero respondió que esos grupos se convirtieron en los colectivos.
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, expuso las cifras de la impunidad: de 79 investigaciones, 67 (84,81 %) nunca cerraron la fase preparatoria y en 78 (98,73 %) nadie fue identificado ni sancionado. «La peor justicia es la que no llega», dijo. «La Corte tiene ahora la oportunidad histórica de cerrar el ciclo de violencia y de impunidad».
Las partes tienen hasta el 13 de noviembre de 2026 para presentar sus alegatos finales escritos.
La lectura de ÁCENTARIO
El 11 de abril fue el ensayo general. Los pistoleros quedaron libres, los Círculos se volvieron colectivos y la Fiscalía aprendió a mirar hacia otro lado, como volvería a hacerlo en 2014 y en 2017. Si el Estado ni siquiera se presentó a responder en San José, la sentencia que viene tendrá un destinatario claro: el chavismo que hoy se viste de interinato y sigue sin dar la cara ante sus víctimas.
