Petróleo con fecha, elecciones sin fecha: la apertura a EE. UU. avanza más rápido que la transición

Hay dos relojes corriendo en Venezuela y no marchan al mismo ritmo. El de la economía va rápido: acuerdos petroleros, taladros que llegan, sanciones que se levantan. El de la política, en cambio, sigue sin una fecha en el calendario. Esa es la tesis de un análisis publicado este miércoles por Bloomberg Línea, que pregunta si la cooperación entre Washington y el interinato llevará a un cambio institucional o le permitirá al chavismo acomodarse al nuevo equilibrio.

Los hechos de base están a la vista. La interina dijo el 17 de octubre que el país espera captar unos 76.000 millones de dólares en inversiones petroleras en cinco años, y que el acuerdo con Estados Unidos prevé 250 taladros en 17 campos, según recogió Bloomberg Línea. El 14 de octubre, el Tesoro estadounidense sacó de su lista de sancionados a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación oficialista en el diálogo. Y este miércoles cierra la tercera ronda de conversaciones con el sector opositor de Dinorah Figuera sin que se conozcan acuerdos, informó Infobae.

Para Franklin Camargo, analista de las relaciones entre Caracas y Washington consultado por Bloomberg Línea, el levantamiento de sanciones es una pieza de negociación. «Es una estrategia de negociación. No nos equivoquemos: Estados Unidos está tratando con él y con su hermana, Delcy Rodríguez, para promover los intereses estadounidenses», dijo. A su juicio, esas medidas solo se justifican si producen resultados: una transición estable que amplíe las libertades. Retirar castigos sin avances políticos verificables, advierte, podría ser un error estratégico.

Camargo sostiene también que, tras la captura de Maduro, la capacidad de presión militar de Estados Unidos pesa hoy más que las sanciones económicas. Y no confunde apertura con conversión. «Delcy Rodríguez es marxista y está haciendo concesiones limitadas bajo la presión de Estados Unidos», afirmó. Por eso insiste en que sin protección a la propiedad privada, después de años de expropiaciones, los anuncios no se convertirán en inversiones sostenibles.

El análisis recuerda además que los compromisos anunciados no equivalen a dinero ya invertido. Su concreción dependerá de los contratos, de la capacidad operativa de la industria y de la confianza en el marco legal venezolano.

En la acera opositora, el diagnóstico es que falta la otra mitad. La Plataforma Unitaria, que el domingo presentó con Machado y Edmundo González un acuerdo de 14 puntos, anunció que se sumará a la movilización de este jueves 22 de octubre para exigir «el nombramiento de un nuevo CNE independiente y confiable, que convoque a la elección presidencial», según El Pitazo. Biagio Pilieri, de Convergencia, le dijo a una radio que el objetivo es tener «lo más pronto posible» un nuevo TSJ, un nuevo CNE y cronogramas electorales.

La pregunta de fondo queda abierta: si los incentivos de Washington se traducirán en cambios en las instituciones o solo en una normalización de relaciones que deje intactas las estructuras que sostuvieron al chavismo.