Política/Actualidad
Reforma de la Ley contra el Odio: adiós a la cárcel, multas de hasta 10.000 euros y nuevas obligaciones para medios y redes
El texto que avaló el TSJ deja las sanciones en manos del Ministerio de Interior, obliga a las plataformas a retirar contenidos «de inmediato» y crea una comisión dominada por el poder. Defensores de derechos humanos insisten: la ley hay que derogarla.
Ya se conoce la letra pequeña de la reforma de la Ley contra el Odio que impulsó la interina Delcy Rodríguez. El texto salió a la luz con la sentencia 1034 de la Sala Constitucional, que lo declaró conforme, según explicó Acceso a la Justicia. Y trae un cambio de fondo y varias trampas.
El cambio de fondo: desaparecen las penas de prisión de 10 a 20 años de la norma de 2017. «En ningún caso las conductas descritas en este artículo darán lugar a medidas privativas de libertad, quedando reservada la vía administrativa a la sanción correspondiente», dice el proyecto, citado por El Estímulo. En su lugar habría multas de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor que publica el Banco Central de Venezuela. En la práctica, entre 500 y 10.000 euros pagados en bolívares.
¿Quién decide el monto? El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, según Runrunes. Tendrá en cuenta la gravedad de la falta, el medio usado, la intención, el beneficio obtenido y la reincidencia. El sancionado tendría 30 días para pagar en la banca pública, y el mismo ministerio podría cambiar la multa por entre 200 y 600 horas de trabajo comunitario y «programas educativos».
El proyecto excluye de los «discursos de odio» la labor periodística, la libertad de expresión y las opiniones políticas, siempre que no contengan una incitación «directa e inequívoca» a la violencia. Pero a la vez carga a los medios: radios, televisoras y periódicos, públicos y privados, tendrían que transmitir hasta 30 minutos semanales de mensajes de «convivencia» cuando el Estado lo exija. Y las redes sociales y medios digitales deberían impedir la difusión de mensajes que inciten al odio y retirarlos «de inmediato», bajo supervisión estatal.
La reforma también crearía una Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica, de 15 miembros: tres diputados, cuatro ministros, las cabezas del TSJ, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Defensa Pública, un rector del CNE y apenas tres delegados de organizaciones sociales. Hoy todas esas instituciones responden al chavismo. La ley, además, cambiaría de nombre.
Para Acceso a la Justicia, la Ley contra el Odio «debe ser derogada», y lo que toca ahora es que la Asamblea Nacional abra una «consulta amplia» que incluya «a todos los sectores de la sociedad».
En Efecto Cocuyo, los abogados Martha Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón, y Kelvi Zambrano, de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, fueron más lejos. Sostienen que en 2026 al menos 30 personas han sido detenidas por motivos políticos y que más de 400 siguen presas, y denuncian que a algunos detenidos les cambian los cargos de odio o traición a la patria por delitos de droga para «disfrazar» su caso. Tineo pide derogar la Ley contra el Odio, la ley de ONG y la de delincuencia organizada, entre otras. «Una simple reforma cosmética es inútil si no se derogan las leyes persecutorias», afirmó.
