Sociedad y Diáspora/Actualidad
Venció el TPS: miedo en Doral y un golpe de 40.500 millones a la economía de EE.UU. mientras el interinato sigue sin ofrecer patria segura
Cientos de miles de venezolanos quedan sin permiso tras el 2 de octubre. En el epicentro de la diáspora en Florida, la Coalición exige debido proceso; la NFAP estima 400.000 trabajadores, 40.500 millones en PIB y 4.500 millones en impuestos en juego.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos venció el 2 de octubre de 2026, después de que el Departamento de Seguridad Nacional decidiera no renovarlo. La medida deja sin autorización legal a cientos de miles de familias y abre la puerta a redadas, pérdida de empleo y deportaciones hacia un país que aún no es seguro para regresar.
En Doral, municipio del condado de Miami-Dade con la mayor proporción de venezolanos en EE.UU. —cerca del 40 % de la población tiene raíces venezolanas—, la rutina se alteró por la presencia de patrullas del ICE. Roberto Rangel, residente entrevistado por El Nacional, describió el desgaste: 'Si para una persona individual esta situación ya resulta sumamente difícil, no puedo imaginar el nivel de angustia que atraviesa un núcleo familiar con niños'. Dijo temer la deportación y descartó volver mientras persista 'la gestión del régimen de Delcy Rodríguez'. Sus padres, en Zulia, le reportan apagones de más de 12 horas.
Ese mismo 2 de octubre, la Coalición de Venezolanos en USA lanzó en Doral un acto público respaldado por 20 organizaciones y 126 líderes. Entregaron una carta al congresista republicano Mario Díaz-Balart exigiendo pronunciamiento sobre los operativos migratorios. Participan, entre otras, Veppex, Amavex, Juvenex, VenAmérica y Médicos Unidos Venezuela-USA.
Jani Méndez, de la coalición, resumió el clima: 'Siendo yo ciudadana… también tengo miedo. Tengo miedo que mi hermana no esté, que a mi mamá la saquen porque no tiene un estatus'. El concejal Rafael Pineyro criticó que los operativos no se concentren en criminales, como se prometió. José Antonio Colina (Veppex) vinculó el 'tiempo prudencial' que Washington invoca para elecciones en Venezuela con la necesidad de protección para quienes solicitan asilo en EE.UU.
El costo no es solo humano. Según proyecciones de la National Foundation for American Policy (NFAP) citadas por El Nacional, apartar a casi 400.000 trabajadores venezolanos del mercado legal recortaría 40.500 millones de dólares a la economía estadounidense y 4.500 millones en tributos este año. Los investigadores estiman que esa fuerza laboral aporta al país 14 veces más recursos que los previstos por la compra de petróleo venezolano.
La diáspora no pide caridad: pide debido proceso mientras el interinato y el castrocomunismo residual no garanticen seguridad, luz ni libertad. Regresar no es opción cuando en casa aún mandan el miedo y el apagón.
