Venezuela no decidió las midterms, pero cobró su factura en Florida

Las elecciones de medio término dejaron a Donald Trump sin Congreso. Los demócratas recuperaron la Cámara y el Senado en una ola azul que llegó hasta Texas, Iowa, Ohio y Carolina del Sur, empujada por los precios altos, la guerra con Irán, la percepción de corrupción y un presidente con aprobación de 38%. Sería un error atribuir ese resultado nacional a Venezuela. Pero sería otro error, igual de grande, no ver lo que pasó en Florida, el estado donde Venezuela sí estuvo en la boleta.

En Doral, la ciudad que el propio exilio bautizó como Doralzuela, el vuelco fue de más de veinte puntos. Los distritos más hispanos del estado se movieron entre 14 y 23 puntos hacia los demócratas, los republicanos perdieron su supermayoría en la legislatura estatal y congresistas que ganaban cómodos, como María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, quedaron en carreras de margen mínimo. El voto latino, que en 2024 había sido una de las columnas del triunfo de Trump, se movió 28 puntos hacia los demócratas en todo el país. En Florida, ese movimiento tuvo nombre y apellido venezolano.

Y conviene precisar cuál fue el tema que pesó, porque no todos pesaron igual. No fue la captura de Maduro: esa operación fue aprobada abrumadoramente por los latinos y por los venezolanos, pero las encuestas de la noche electoral muestran que no fue un factor decisivo al votar. No fue tampoco, en primer lugar, el acuerdo petrolero con NABEP ni la permanencia de Delcy Rodríguez en el poder, aunque ambos alimentaron en el exilio una percepción amarga de traición. El tema que movió el voto fue el que tocó la vida diaria: el fin del TPS.

Más de 600.000 venezolanos perdieron esa protección, más de 200.000 de ellos en Florida, y los permisos de trabajo de la designación de 2023 expiraron el 2 de octubre, apenas un mes antes de votar. El alivio judicial tampoco llegó a tiempo: aunque un tribunal había abierto la puerta a restablecer el TPS el 6 de noviembre, el propio día de la elección esa restitución quedó pausada por 14 días más, hasta cerca del 20 de noviembre, a la espera de que la Corte Suprema decida. Eso no es política exterior: es el vecino que ya no puede trabajar, el comercio de Doral que vende 70% menos, la familia que vive con miedo a una detención de ICE en un estado que concentra decenas de miles de arrestos migratorios. El votante venezolano-americano no castigó a Trump por lo que hizo en Caracas; lo castigó por lo que su gobierno le hizo a los venezolanos en Estados Unidos mientras decía liberarlos en Venezuela. Esa contradicción es la grieta.

La pregunta que sigue es qué cambia para 2027, cuando el nuevo Congreso demócrata asuma en enero. La relación con el interinato no se rompe: la política exterior sigue siendo de la Casa Blanca y Trump puede mantener su esquema de presión y negociación con Rodríguez. Pero ya no será una relación sin testigos. Un Congreso en manos demócratas puede abrir audiencias sobre los contratos petroleros y el destino de los ingresos, exigir transparencia sobre el acuerdo con NABEP, condicionar el alivio de sanciones y presionar, con poder de citación, por lo que hasta ahora son solo promesas: un cronograma electoral, la liberación de los presos políticos que quedan y reformas institucionales verificables.

Eso deja al plan de tres fases en su momento de verdad. El marco sigue vigente y fue reafirmado por Marco Rubio ante el canciller Oliver Blanco el 2 de noviembre: estabilización, recuperación económica con reconciliación política, y transición democrática. Sobre el papel, la secuencia es clara: nuevo Tribunal Supremo, un Consejo Nacional Electoral creíble, la declaratoria de vacancia de la presidencia por parte de Rodríguez y, a partir de ahí, seis meses hacia elecciones presidenciales en 2027. En los hechos, todavía no hay fecha, y las dos primeras fases corren el riesgo de comerse a la tercera.

Ahí está el peligro que esta editorial quiere subrayar. Un plan de fases sin calendario termina siendo un plan de permanencia: la estabilización se consolida, el petróleo fluye, el interinato se instala y la transición queda siempre para la fase siguiente. Hasta ahora, esa dilación solo tenía el costo de la paciencia venezolana. Después de las midterms, tiene también un costo en Washington: cada contrato opaco y cada mes sin fecha electoral será material de audiencias en un Congreso que Trump ya no controla.

Para la diáspora, la pregunta ya no es si Maduro cayó, sino qué se construyó después de su caída. Si en 2027 hay fecha electoral, presos liberados, instituciones creíbles y claridad sobre el petróleo, el plan de tres fases habrá sido una transición. Si no, habrá sido una operación de estabilización con rostro democrático, y el voto venezolano en Florida ya demostró que sabe cobrar esa diferencia.