Sociedad y Diáspora/Actualidad
El TPS de los venezolanos podría volver el 6 de noviembre si la Corte Suprema no actúa
El Noveno Circuito rechazó mantener suspendida la orden que restituye las protecciones; el beneficio, sin embargo, no está restablecido todavía y el Gobierno aún puede pedir una pausa de emergencia.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó el 30 de octubre la solicitud del Gobierno de Donald Trump para mantener suspendida una orden judicial favorable a los beneficiarios venezolanos del Estatus de Protección Temporal (TPS). El tribunal negó también la petición alternativa de una pausa administrativa de al menos 21 días y anunció un calendario acelerado para examinar el fondo del caso.
El litigio, conocido como National TPS Alliance contra Mullin, nació de la decisión de la Administración de revocar la extensión del TPS para Venezuela concedida durante el Gobierno de Joe Biden. Un juez federal de California determinó en septiembre de 2025 que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se excedió en sus atribuciones al cancelar esa prórroga. El Gobierno acudió a la Corte Suprema, que autorizó suspender temporalmente las protecciones hasta el viernes 6 de noviembre, cuando se emite su mandato.
Si el máximo tribunal no emite una nueva orden antes de esa fecha, las protecciones podrían restablecerse de manera provisional mientras continúa el proceso judicial, según explicaron los abogados de los demandantes. La decisión podría beneficiar a más de 600.000 venezolanos que estuvieron amparados por el programa, aunque el alcance concreto de una eventual restitución deberá determinarse conforme a las órdenes judiciales y a las condiciones de elegibilidad.
Lo que sigue en vilo
El escenario, advierten todas las fuentes, no está cerrado. La Administración puede acudir nuevamente a la Corte Suprema para intentar frenar la restitución, y ese tribunal ya falló a favor del Gobierno en las dos etapas de emergencia anteriores del caso, en mayo y en octubre de 2025. Presentar la cobertura como restablecida antes del 6 de noviembre sería, por tanto, prematuro.
La disputa tiene implicaciones para una de las comunidades migrantes latinoamericanas que más ha crecido en Estados Unidos en los últimos años. Un análisis del Pew Research Center con datos de 2024 estimó que 1,2 millones de personas de origen venezolano residían en el país, 474.000 de ellas en Florida, cerca de 200.000 en Texas y unas 127.000 en el área metropolitana de Orlando. El Migration Policy Institute estimó que alrededor de 607.000 venezolanos estaban cubiertos por el TPS en enero de 2025.
La protección les permitía permanecer temporalmente en Estados Unidos sin riesgo de deportación por razones migratorias y acceder a permisos de trabajo. Su eliminación dejó a numerosos beneficiarios expuestos a perder su autorización laboral y a enfrentar procedimientos de expulsión, según su situación migratoria y si cuentan con otras vías de protección. Los demandantes están representados por la Red Nacional de Jornaleros, las fundaciones de la ACLU de California, el Centro Miñana de la Universidad de California en Los Ángeles y la Haitian Bridge Alliance.
