Un oficial atribuye a La Jornada el bombardeo en Apure al control de territorios mineros para empresas de EE. UU.

Cuatro días después del bombardeo reportado en Apure, la versión que faltaba llegó por la vía menos oficial posible: la de un uniformado que estuvo en la zona. Un oficial militar presente en el lugar aseguró al diario mexicano La Jornada que la operación contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, sí ocurrió, y le atribuyó un propósito que va más allá del combate a la guerrilla. «El objetivo es el control de territorios mineros y asentar sus corporaciones», afirmó, bajo condición de anonimato, en referencia a corporaciones estadounidenses. La misma fuente confirmó la versión difundida el fin de semana por agencias según la cual en la operación habría participado «inteligencia estadounidense», una afirmación que ningún gobierno ha confirmado oficialmente.

Lo que dicen las morgues y lo que no se puede afirmar

El ataque se habría producido en la madrugada del viernes 30 de octubre en Buena Vista del Meta, municipio Pedro Camejo, una zona rural de difícil acceso cerca de la frontera con Colombia, con drones y helicópteros artillados, según las fuentes citadas por la AFP y por La Jornada. El coordinador regional de FundaRedes en Apure, Juan Francisco García, contó primero nueve cuerpos llegados a San Fernando y luego otros diez, hasta un balance de 19 muertos que la agencia recogió el fin de semana. Pero cuando se baja del balance total a los nombres, las versiones chocan y ninguna puede darse por cerrada. Las verificaciones de la Alianza Rebelde Investiga, recogidas por Diario del Cauca, señalan que en la morgue del hospital Luis Herrera, en San Fernando, ingresaron ocho cuerpos, principalmente de hombres jóvenes, y que, según fuentes locales, dos serían venezolanos, dos colombianos y cuatro mexicanos, con una posible mujer entre las víctimas que no ha podido corroborarse de forma independiente. La fuente militar citada por la AFP, en cambio, dijo que la mayoría de los fallecidos son venezolanos y que se identificaron a dos dominicanos con licencias de conducir y documentos venezolanos. Esa discrepancia, sumada a la falta de un registro forense público, impide establecer de forma concluyente quiénes murieron.

El silencio oficial, cuarto día

Ni el gobierno de Venezuela ni el de Colombia han confirmado el bombardeo ni han entregado un parte con circunstancias, responsables u objetivos, y la AFP informó que intentó contactar a las autoridades venezolanas sin obtener respuesta. Los cuerpos, según los reportes, fueron trasladados primero a Puerto Páez, luego a la morgue de San Fernando y finalmente enterrados en Camaguán, en el estado Guárico, mientras la zona sigue ocupada por militares venezolanos. La defensora de derechos humanos y experta en temas militares Rocío San Miguel habló a la AFP de un «cambio de doctrina» en unas fuerzas armadas que durante años se mantuvieron neutrales ante la presencia del ELN en la frontera. La versión del oficial a La Jornada es, por ahora, la de una fuente anónima, no un comunicado.