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Chile aprueba la ley que agiliza las expulsiones: la policía podrá entrar a domicilios con orden judicial, y la mayoría de los indocumentados son venezolanos
El Senado votó 37 a favor y una abstención el informe final del proyecto, que endurece las prohibiciones de reingreso. Las agencias EFE y AFP coinciden en el contenido, pero muestran que las expulsiones de Kast avanzan más lento de lo que prometió.
Para los venezolanos que viven en Chile sin papeles, el margen se estrecha. El Congreso chileno aprobó el martes 20 de octubre una ley que agiliza la expulsión administrativa de extranjeros y que permite a la policía entrar a un domicilio, con orden judicial, para detener a quien tenga una orden de expulsión vigente.
El último paso lo dio el Senado. Según la agencia EFE, aprobó con 37 votos a favor y una abstención el informe de la comisión mixta de senadores y diputados que ajustó el proyecto, ya aprobado antes por la Cámara. El procedimiento será así: la Policía de Investigaciones (PDI) le pedirá a un juez de garantía la autorización para entrar a la vivienda, y el juez tendrá 24 horas para responder.
La ley también sube de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso en ciertos casos y abre la puerta a la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular que enfrenten determinados procesos penales, siempre con autorización de un tribunal. La agencia AFP, citando un comunicado del Senado, añade que las autoridades podrán pedir a organismos públicos datos de personas indocumentadas para notificarles sus órdenes de expulsión.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió la norma ante EFE: dijo que busca «agilizar las expulsiones administrativas, dar seguridad jurídica» y hacerlas «más efectivas». Y la calificó de «muy, muy trascendente».
Las dos agencias coinciden en lo esencial, pero cada una agrega su propio contexto. AFP recuerda que el proyecto lo presentó Gabriel Boric en 2024 y que lo reimpulsó José Antonio Kast, que gobierna desde marzo y que hizo campaña prometiendo expulsar a más de 330.000 migrantes irregulares. Según AFP, en sus primeros seis meses expulsó apenas a unas 1.800 personas, sobre todo colombianos, peruanos, ecuatorianos y bolivianos, aunque la mayoría de los indocumentados en Chile son venezolanos. La agencia atribuye parte del retraso a la ruptura con Caracas. Ambos países acordaron normalizar relaciones en julio, pero eso todavía no se ha traducido en expulsiones de venezolanos.
TalCual, que publicó el despacho de EFE, sumó datos propios. Según el censo de 2024 citado por La Tercera, en Chile viven 669.408 venezolanos. Diversos reportes estiman que hay más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, cerca de la mitad de ciudadanos venezolanos; esa cifra no es oficial. TalCual también recuerda que en septiembre se acordó que los venezolanos en Chile puedan volver con el pasaporte vencido usando un salvoconducto digital, y que el lunes 19 Chile reabrió sus consulados en Caracas y Puerto Ordaz.
No es la última palabra. En el Congreso se discute otro proyecto, impulsado por Kast, para convertir la migración irregular en delito.
