El TSJ del interinato avala la reforma de la Ley contra el Odio y deja viva la herramienta de persecución

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la conformidad constitucional del proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y autorizó a la Asamblea Nacional a seguir el debate. La decisión quedó en la sentencia número 1034, de ponencia conjunta, difundida el jueves 15 de octubre de 2026, según El Nacional y El Cooperante.

El alto tribunal del interinato dijo haber recibido la propuesta apenas 48 horas antes, remitida por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. La iniciativa la impulsó la interina Delcy Rodríguez, quien pidió «despenalizar» conductas de la norma de 2017 —aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro— y admitió, según El Cooperante, que la ley «fue mal aplicada» y que hubo «uso abusivo». Aun así, defendió sus «principios» y pidió trámite urgente.

Organizaciones de derechos humanos no piden maquillaje: piden derogación. Foro Penal documenta más de 900 personas procesadas bajo esa tipificación. Cecodap registró 118 imputaciones contra adolescentes entre 2024 y 2025, según El Nacional. El 22 de septiembre, el Comité de Mujeres Políticas introdujo una demanda de nulidad por inconstitucionalidad; el alcalde de Baruta, Darwin González, se adhirió y pidió suspender las privaciones de libertad derivadas de la ley.

La comisión especial que prepara el texto la preside el diputado Pedro Infante e incluye a Jorge Arreaza, América Pérez, Tania Díaz, Jehyson Guzmán y Nicolás Maduro Guerra, entre otros. El oficialismo habla de «reencuentro»; las ONG exigen liberar a los procesados y anular antecedentes.

El fallo llega en plena tercera ronda de diálogo en Caracas entre el chavismo y el sector de Dinorah Figuera —sin María Corina Machado ni Edmundo González—, donde Washington prioriza garantías políticas y reformas del TSJ y del CNE. Mientras la mesa habla de libertades, el mismo aparato judicial que aplicó la Ley contra el Odio decide cómo «reformarla».

La Ley contra el Odio nació en noviembre de 2017 como arma política: penas de hasta 20 años por «delitos de odio» definidos a conveniencia del poder. Durante años sirvió para amordazar protestas, redes y periodismo. Que la interina reconozca ahora el «uso abusivo» no borra a los procesados ni cambia quién controla el TSJ y la AN. Una reforma parcial bajo el mismo mando puede bajar penas en el papel y conservar la amenaza.

En la mesa de Caracas se habla de renovar magistrados y el CNE. Avalar esta iniciativa sin liberar a los perseguidos ni anular antecedentes envía otra señal: el interinato quiere crédito internacional por «abrir» la ley, sin soltar el látigo. Para ÁCENTARIO, la prueba no es el comunicado del TSJ; es si salen los presos, si cae la tipificación arbitraria y si hay fecha de elección con María Corina Machado en la boleta.