Política/Actualidad
ONG y familiares ponen a prueba las garantías de la interina: más de 400 presos políticos siguen tras las rejas
Justicia, Encuentro y Perdón recuerda que las excarcelaciones no devolvieron la libertad plena a los liberados y Provea exige investigar a quienes ejecutaron las detenciones arbitrarias, tras el anuncio de que nadie será detenido sin orden judicial.
Las organizaciones de derechos humanos y los familiares de presos políticos respondieron con una exigencia concreta al mensaje del jueves de la interina, Delcy Rodríguez: que las garantías anunciadas se midan contra la realidad de las cárceles. Rodríguez afirmó que todas las personas tienen derecho a pensar distinto sin temor a represalias, aseguró que las protestas pacíficas están amparadas por la Constitución, siempre que se respete la integridad física y moral de los funcionarios de seguridad, e instruyó a los cuerpos de seguridad para que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo en flagrancia. También planteó una justicia penal «más justa, humana, transparente e imparcial», mediante una consulta nacional para reformar el sistema judicial.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón contestó que el anuncio debe evaluarse a la luz de las detenciones arbitrarias denunciadas durante los últimos años, de quienes continúan encarcelados por razones políticas y de las restricciones que enfrentan las personas excarceladas. Según la ONG, más de 400 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, y las excarcelaciones de los últimos meses, aunque representaron un alivio para cientos de familias, no necesariamente significaron el restablecimiento de su libertad plena. Muchas de las personas liberadas, advirtió, continúan sujetas a medidas cautelares restrictivas y a procesos judiciales abiertos.
Lo que no resuelven las reformas
Para Justicia, Encuentro y Perdón, las reformas legales y la redistribución de competencias de los tribunales especiales no resuelven, por sí solas, los problemas de fondo del sistema de justicia. La organización mencionó además el intento de detención de un dirigente sindical ocurrido recientemente, que, de acuerdo con su declaración, fue evitado gracias al apoyo ciudadano, y que a su juicio evidencia que persisten mecanismos legales y procedimentales que pueden facilitar restricciones a los derechos fundamentales. En la misma línea, Provea, junto con Justicia, Encuentro y Perdón, pidió que se investigue a los funcionarios que ejecutaron las detenciones arbitrarias en primer lugar, un paso que las ONG consideran imprescindible para que la promesa de no detener sin orden judicial tenga consecuencias.
El contraste con las cifras oficiales también está sobre la mesa. La interina recordó en su mensaje que llevó al Parlamento una ley de amnistía que, según dijo, ha beneficiado a casi 9.000 personas y que más de mil personas han sido puestas en libertad por esa norma y otros instrumentos. Las organizaciones no discuten que hubo liberaciones; discuten que equivalgan a libertad. Y las cifras de base tampoco coinciden del todo: Foro Penal contabilizaba a comienzos de octubre 322 detenidos en el país, 31 de ellos extranjeros o con doble nacionalidad, mientras Justicia, Encuentro y Perdón habla ahora de más de 400 personas privadas de libertad por razones políticas. La diferencia, que responde en parte a fechas y criterios de registro distintos, deja una pregunta abierta que la interina no abordó en su mensaje: cuántos de los que siguen presos saldrán, y cuándo, bajo las nuevas garantías. Mientras tanto, las familias siguen contando nombres, no anuncios.
