El texto secreto del pacto petrolero de Trump: crudo a 30 dólares para EE. UU. y ninguna garantía de los 200.000 millones para Venezuela

Desde finales de agosto, cuando Donald Trump lo presentó como «el mayor acuerdo petrolero de la historia», el texto del pacto con Venezuela era uno de los secretos mejor guardados de Washington. Ya no. El medio de investigación estadounidense ProPublica revisó una copia del documento de 18 páginas y lo publicó este martes 20 de octubre.

El acuerdo lo firmaron por Estados Unidos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Le da al gobierno estadounidense una participación de 35 % en la empresa matriz de North American Blue Energy Partners (NABEP), la compañía del empresario venezolano Alejandro Betancourt. Esa matriz está registrada en Barbados, donde la ley hace muy difícil saber quiénes son sus dueños e inversionistas.

Las cifras centrales son estas. Estados Unidos puede comprar 20 % de la producción de NABEP a 30 dólares el barril, menos de un tercio de lo que se ha pagado por el crudo en los últimos meses, y tiene prioridad para adquirir el resto durante 50 años. Si declara una emergencia nacional, puede quedarse con toda la producción. Ese precio, según ProPublica, no incluye el costo de los diluyentes que necesita buena parte del crudo pesado venezolano para poder moverse por los oleoductos.

Lo que el texto no dice es lo que más le importa al país. Según la investigación, recogida por la agencia EFE, el documento no obliga de forma explícita a la empresa a pagar los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías que la Casa Blanca anunció como el gran beneficio para Venezuela. Tampoco exige que el Estado venezolano tenga un puesto en la junta directiva, que tendrá siete miembros, en su mayoría estadounidenses, más un observador sin voto designado por Washington. Las disputas se resolverán con la ley de Estados Unidos, ante un tribunal federal de Texas.

El pacto también protege a Betancourt. Lo mantiene como director ejecutivo y solo podrá ser removido con el voto de cinco de los siete directores. Según fuentes citadas por ProPublica, esa estructura se pensó para que futuros gobiernos de Estados Unidos o de Venezuela no puedan desmontar la empresa. El medio añade que los derechos de operación parecen chocar con la ley venezolana, que limita las concesiones petroleras a 25 años.

La Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono y NABEP defendieron el acuerdo. Su vocero, Terry Wade, dijo que ni Betancourt ni su socio Orlando Alvarado, que también firmó, han sido acusados nunca de ningún delito. La interina lo ha calificado de «histórico». Rubio, por su parte, ha dicho que la empresa podrá hacer pagos a un futuro gobierno electo y que los ingresos se supervisan con la auditora KPMG.

En Washington, el tema no se cierra. El exembajador James Story, que dirigió la misión estadounidense para Venezuela entre 2018 y 2023, le dijo a ProPublica que la primera pregunta de un nuevo Congreso será por qué Betancourt, y que sería razonable una audiencia para aclararlo.