Portugal dice que cuatro de sus connacionales siguen presos políticos en Venezuela y espera avanzar en su liberación

El mismo jueves en que la interina, Delcy Rodríguez, prometía que nadie sería detenido sin orden judicial, Portugal puso nombres y cifras sobre la mesa. El ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel, informó ante el Parlamento que cuatro connacionales permanecen presos en Venezuela por razones políticas, uno de ellos bajo arresto domiciliario. Rangel reconoció la complejidad de los expedientes: «Son cuestiones más complejas porque muchas veces las acusaciones son de delito común y, siendo acusaciones de delito común, aunque sean instrumentalizadas por razones políticas, son más difíciles que las que son específicamente políticas». Pero no dejó dudas sobre su conclusión: «Pero estamos convencidos de que en estos cuatro casos son (razones) políticas».

El jefe de la diplomacia portuguesa aseguró que las autoridades de su país «siguen acompañando» la situación y confían en avanzar con motivo de la próxima misión que acuda a Venezuela. Lisboa no detalló identidades ni las gestiones en curso, pero el mensaje tiene un destinatario claro: un interinato que, en paralelo, anuncia reformas judiciales, revisión de los casos bajo la ley contra el odio y garantías para el ejercicio de la política. La declaración portuguesa llega además cuando las organizaciones venezolanas discuten si las excarcelaciones de los últimos meses equivalen a libertad plena o solo a un alivio parcial para las familias.

El telón de fondo: 322 detenidos

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, dijo a comienzos de octubre que había 322 detenidos en el país caribeño, 31 de los cuales eran extranjeros o tenían doble nacionalidad. Esa cifra enmarca los cuatro casos portugueses en un universo mayor y explica por qué Lisboa insiste en seguirlos uno a uno: entre los detenidos extranjeros y con doble nacionalidad, cada expediente combina un proceso penal venezolano con una gestión consular europea. El Gobierno de Venezuela niega que en el país haya presos políticos y asegura que se trata de personas detenidas por cometer delitos, una afirmación que rechazan varias organizaciones no gubernamentales y partidos políticos opositores, según recoge EFE.

Portugal no es un actor menor en este tablero. Su comunidad y sus vínculos históricos con Venezuela hacen que cada caso portugués tenga eco en Lisboa y en Bruselas, y la intervención de Rangel ante el Parlamento convierte un expediente consular en un pronunciamiento político: las razones, dice, son políticas aunque las acusaciones se vistan de delitos comunes. Para el interinato, que busca restablecer lazos con países que cuestionaban su legitimidad, la declaración es una prueba incómoda de que las garantías anunciadas el jueves se medirán, también desde Europa, caso por caso. Y para las familias de los cuatro detenidos, el anuncio de que Lisboa «sigue acompañando» es, por ahora, la única certeza nueva.